Control de precios, sobrerregulación y moratorias, lastran la vivienda en alquiler, según el IEE

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha cargado contra el control de precios de los alquileres, la sobrerregulación o las moratorias de desahucio, que entiende que son las que están detrás de la escasez de oferta de vivienda en alquiler que presenta España.

 

Según ha señalado su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, el control del alquiler es ineficiente y contraproducente para mejorar el acceso al mercado del alquiler ya que provoca que cientos de miles de propietarios individuales retiren sus pisos del mercado, reduciendo la oferta, aumentando el precio y discriminando a los colectivos más vulnerables a los que se pretendía favorecer.

En este sentido, ha apuntado que aunque la Ley de Vivienda puede ser bienintencionada tiene unos resultados muy perniciosos. De ahí que el IEE entienda que esta regulación de precios no es aceptable ni siquiera como solución transitoria.

 

No demonizar al sector privado: es parte de la solución a la vivienda en alquiler

Dado el problema de accesibilidad al mercado de la vivienda que presenta España y la escasez de recursos públicos, el IEE ha abogado por promover el alquiler asequible de la mano del sector privado, al que no se puede demonizar ya que es parte de la solución.

No obstante, ha asegurado que esta colaboración público–privada en vivienda se ve obstaculizada por el entorno regulatorio y la falta de incentivos económicos y financieros dirigidos a la oferta.

La solución, ha insistido Fernández de Mesa, no puede pasar por penalizar a quienes pueden contribuir a resolver el problema de la vivienda en España, sino por todo lo contrario, por promover su participación. Así, ha defendido a los inversores institucionales, fondos y empresas inmobiliarias ya que favorecen la profesionalización del mercado y promueven su eficiencia.

Además ha tachado de muy ambiciosos los planes de Gobierno para lograr 184.000 viviendas sociales en la legislatura, lo que obligaría a poner 46.000 unidades al año, la mitad de las que se están construyendo, así como el objetivo del Ejecutivo de lograr que el parque de vivienda social escale hasta el 20 %.

 

 

[Fuente Intereconomía]