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La Agencia Tributaria pone en marcha una operación contra 50 sociedades por fraude fiscal en el sector inmobiliario

Hacienda está poniendo el ojo sobre el sector inmobiliario a medida que el mercado de la compraventa y el alquiler mueven cada vez más dinero. Este lunes, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha una actuación coordinada en seis comunidades autónomas contra el presunto fraude fiscal en la gestión de la compra y arrendamiento de viviendas.

 

La operación, bautizada como Insulae, afecta a 49 sociedades dedicadas a la intermediación en la comercialización de inmuebles, así como a 18 personas físicas vinculadas a ellas, entre las que se encuentran socios, administradores y familiares directos.

La operación ha movilizado a más de 170 funcionarios del área de Inspección, incluidos especialistas de las Unidades de Auditoría Informática y efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera. De forma simultánea, los equipos han realizado actuaciones en 41 locales repartidos entre 12 provincias. La mayoría se encuentran en la Comunidad Valenciana, además de Andalucía, Cataluña, Madrid y los dos archipiélagos.

La intervención tiene su origen en una serie de denuncias tributarias previas que apuntaban a la posible existencia de irregularidades relacionadas con ingresos no declarados, especialmente mediante el cobro de comisiones en efectivo. Según la Agencia Tributaria, estas prácticas se habrían producido en un contexto de incremento de los precios de la vivienda y de elevada actividad en el mercado inmobiliario.

El organismo dependiente de Hacienda recuerda que las agencias inmobiliarias intervienen actualmente en el 70% de las operaciones de compraventa y alquiler de viviendas en España. Además de poner en contacto a compradores y vendedores y a arrendadores e inquilinos, muchas de estas empresas prestan servicios complementarios “como la tasación del inmueble, realización de visitas comerciales, negociación del precio final de venta o arrendamiento, acceso a condiciones de financiación, asesoramiento legal y financiero o firma del propio contrato de arrendamiento”, según explica la Agencia Tributaria en una nota difundida este lunes en la que no se menciona el nombre de las empresas inspeccionadas.

 

 

[Fuente «El País»]