La picaresca de algunos presidentes de comunidades de vecinos: «Se puso un sueldo de 100.000 euros»

La gestión de las comunidades de propietarios suele ser un punto de tensión entre los vecinos, es el caso de una urbanización de la Costa del Sol, donde vecinos denuncian que la normativa permite ciertos márgenes que pueden favorecer prácticas poco transparentes, especialmente cuando se aprueban obras de gran coste.

 

El caso cobra relevancia en un momento en el que comienzan las inspecciones para comprobar el cumplimiento del Real Decreto 355/2024, que obliga a adaptar los ascensores a nuevas exigencias de seguridad. Entre las medidas previstas figuran la nivelación de la cabina, la protección frente al cierre de puertas, la comunicación bidireccional, el control de carga y la sustitución de guías. En algunos edificios, la derrama para afrontar estas actuaciones puede alcanzar los 40.000 euros.

Aunque las obras deben aprobarse en junta de propietarios, la Ley de Propiedad Horizontal permite la delegación del voto mediante una simple nota manuscrita. Esa posibilidad, según denuncian algunos vecinos, abre la puerta a que presidentes y administradores acumulen poder en comunidades en las que muchos propietarios desconocen incluso cuánto pagan de cuota o en qué se invierte el dinero.

«Los asuntos de la comunidad son un tostón», reconocen varios residentes, una percepción que explica por qué muchos vecinos prefieren no asistir a las juntas ni asumir cargos de representación. Sin embargo, ese desinterés, advierten, facilita que en algunas comunidades «se haga lo que ellos quieren», especialmente en urbanizaciones grandes y con un alto volumen económico.

 

 

[Fuente «Antena3 Noticias»]