La justicia europea respalda limitar las comisiones inmobiliarias por la venta o el alquiler de viviendas
La justicia europea ha avalado que los Estados miembros puedan limitar las comisiones que las agencias inmobiliarias perciben sobre el precio de venta o alquiler de un inmueble por su servicio de intermediación.
En una sentencia dada a conocer el pasado jueves 27, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha señalado que dicho tope es legal, siempre y cuando no sea discriminatorio, sea proporcionado y esté justificado por una razón imperiosa de interés general.
El tribunal con sede de Luxemburgo se ha pronunciado en relación con una cuestión procedente de Eslovenia, si bien sus efectos son aplicables a todos los casos de las mismas características que surjan en cualquier país de la Unión. La causa procede del Tribunal Constitucional esloveno, que examina una ley nacional en materia de servicios de intermediación inmobiliaria. En el caso de la adquisición del inmueble, el país balcánico establece que la retribución a las agencias no puede superar el 4% del precio; y en el caso del arrendamiento, el tope es del 4% de la cantidad resultante de multiplicar el importe de la renta mensual por el número de meses durante los cuales se alquila la vivienda.
En su resolución, el TJUE señala que el Derecho de la Unión no se opone a esta medida si no es “discriminatoria”, si está “justificada por una razón imperiosa de interés general” y si es “proporcionada”. Para resolver la cuestión, la máxima instancia judicial europea expone que no hay discriminación si la limitación se aplica con independencia del domicilio social de la inmobiliaria.
Asimismo, apunta que la restricción parece “apta para promover la accesibilidad a viviendas adecuadas a precios asequibles”, ya que el importe de la comisión probablemente se repercuta en el precio de venta o de alquiler. El TJUE hace especial hincapié en este punto. La sentencia subraya que este objetivo puede ser especialmente importante con respecto a personas vulnerables que tienen más dificultad para acceder a una vivienda, por lo que añade que la medida puede contribuir a la “protección de los consumidores, ofreciendo mayor transparencia en los precios e impidiendo que se apliquen tarifas excesivas”.
[Fuente «El País»]
