El Gobierno aprueba un Código Buenas Prácticas para coordinación con entidades financieras de medidas de refuerzo de solvencia de autónomos y empresas.
Con el fin de reforzar los balances de las empresas viables que sufren un deterioro temporal de su solvencia como consecuencia de la pandemia, se dispone un marco de colaboración público-privada para activar hasta diciembre de 2022 las medidas más adecuadas para cada autónomo o empresa y garantizar el mejor uso de los recursos públicos.
- Las entidades financieras podrán adherirse de forma voluntaria a este código de buenas prácticas
- Con el fin de garantizar la transparencia con respecto a los clientes e incentivar la participación de todas las entidades financieras activas en España que han accedido a los avales públicos, se hará pública la lista de entidades adheridas y no adheridas al mismo
- En el marco de los acuerdos establecidos en el Código de Buenas Prácticas, las empresas y autónomos cuya facturación haya caído un 30% y que cumplan determinados requisitos podrán beneficiarse de la extensión hasta 10 años en el plazo de amortización de los préstamos avalados
- Además, para proporcionar más tiempo a las empresas viables para recuperarse de los efectos económicos de la pandemia, se permitirá también la ampliación de los periodos de carencia más allá de dos años por acuerdo de las partes
- En tercer lugar, se contempla el mantenimiento del aval público para los préstamos que, por acuerdo voluntario entre la entidad financiera y la empresa, se conviertan en préstamos participativos, lo que permitirá mejorar la solvencia y calidad crediticia de las empresas
- Finalmente, se destinan 3.000 millones de euros para que el ICO, CESCE y CERSA acompañen los procesos de reestructuración de préstamos que cuenten con aval o reaval del Estado, permitiendo así la reducción del importe nominal de la deuda y, por tanto, completando el catálogo de instrumentos para asegurar la solvencia de empresas viables con problemas financieros transitorios
- Con el fin de garantizar la coherencia de acción de los acreedores y evitar comportamientos oportunistas que no contribuyan a la solvencia empresarial, se establecen unas reglas de coordinación con mayorías de arrastre entre entidades financieras y la obligación de mantener abiertas las líneas de circulante del beneficiario hasta el 31 de diciembre de 2022
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se establecen las características y requisitos de aplicación de las medidas de apoyo público a la solvencia de autónomos y empresas establecidas en el Real Decreto-ley 5/2021, así como el Código de Buenas Prácticas al que podrán adherirse las entidades financieras que hayan canalizado avales públicos o se hayan beneficiado de reavales públicos desde el 17 de marzo de 2020.
La aprobación de este Código proporcionará un marco para la coordinación de los organismos públicos con las entidades financieras para gestionar de manera eficiente las diferentes medidas disponibles para reforzar la solvencia de autónomos y empresas y preservar un tejido productivo solvente y con capacidad de contribuir a la recuperación económica del país.
Este marco de coordinación y colaboración permitirá facilitar alternativas a autónomos y empresas que cuenten con financiación con aval público, para la extensión y reestructuración del conjunto de sus deudas, garantizando también el buen uso de los fondos públicos.
Las medidas de apoyo a la solvencia aprobadas en el último año y, en particular, las previstas en el Real Decreto-ley aprobado el 12 de marzo por importe de 11.000 millones de euros, están dirigidas a empresas viables en los sectores más afectados por la pandemia, canalizando recursos públicos al conjunto de la economía con el fin de prevenir problemas de solvencia y sobreendeudamiento en empresas viables que puedan lastrar la recuperación económica.
El Real Decreto-ley establecía tres niveles de actuación: ayudas directas para reducir el endeudamiento por importe de 7.000 millones de euros y canalizadas a través de las Comunidades Autónomas; reestructuración de deudas para las empresas con un mayor nivel de deuda financiera, medida a la que se destinarán 3.000 millones de euros y, en último término, la creación de un fondo público de 1.000 millones de euros gestionado por COFIDES para capitalizar empresas de mediano tamaño que requieran un apoyo adicional.
El Acuerdo adoptado hoy establece mediante el Código de Buenas Prácticas las líneas de actuación de las entidades financieras y de los organismos públicos, así como los requisitos para que empresas y autónomos puedan beneficiarse de las medidas dirigidas a la reestructuración de deudas financieras.
[Fuente ICO.es]
