Revuelo en el mercado inmobiliario: una nueva ley obligará a los caseros a renovar los contratos de alquiler y a indemnizar a sus inquilinos si no lo hacen
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en nuestro país ha sufrido una gran modificación con el objetivo de equilibrar los derechos y deberes de arrendadores e inquilinos. Todo ello, con el objetivo y la necesidad de suministrar mayor estabilidad a los arrendatarios, sobre todo, en un contexto de precios al alza en el mercado mobiliario.
¿En qué consiste esta nueva ley?
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) introduce una serie de cambios muy llamativos. En ciertas condiciones, los propietarios están obligados a renovar los contratos de alquiler, sobre todo si prefieren no hacerlo, garantizando la presencia de los inquilinos y evitando los desalojos no deseados.
Los contratos que duran menos de cinco años (o siete, siempre y cuando el propietario sea una persona jurídica), deben renovarse año tras año tras alcanzar dichos plazos, a no ser que el inquilino comunique su intención de no seguir al menos 30 días antes del vencimiento. Al finalizar este periodo, si ninguna de las dos partes comunica con bastante antelación su intención de no renovar, el contrato se prorrogará de forma automática año tras año, hasta llegar a los tres años.
En determinadas situaciones, el arrendador puede no prolongar el contrato. Una excepción muy común sucede cuando el propietario necesita la vivienda para sí mismo o para un familiar de primer grado, notificándolo con al menos dos meses de antelación. Si pasan tres meses desde que el fin del contrato y la vivienda no se ocupa por el propietario o sus familiares, el inquilino tiene derecho a reclamar su regreso o una indemnización.
[Fuente «Marca»]
