Hacienda permite deducir el IRPF por la cancelación de hipotecas de casas compradas antes de 2013

Los contribuyentes que adquirieron su casa antes de 2013 y venían aplicando la tradicional deducción por inversión en vivienda habitual, disponen ahora de un nuevo margen para reclamar rebajas en el IRPF. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha corregido el criterio mantenido durante años por la Agencia Tributaria y ha determinado que la cancelación del préstamo hipotecario con el dinero obtenido de la venta del inmueble también puede incluirse en la base deducible del impuesto sobre la renta.

 

La resolución, publicada en octubre, unifica doctrina y abre la puerta a reclamaciones de quienes vendieron su casa en los últimos ejercicios y no pudieron deducirse la amortización final del préstamo. “El nuevo criterio del TEAC corrige años de interpretaciones demasiado rígidas y puede suponer más de 1.000 euros de devolución para muchísimos contribuyentes”.

La deducción por inversión en vivienda habitual fue, durante décadas, uno de los beneficios fiscales más populares de España. Permitía a los contribuyentes restar de la cuota del IRPF un 15% de las cantidades satisfechas cada año para la compra o financiación de la vivienda principal, con una base máxima de 9.040 euros por ejercicio. Aunque la deducción se suprimió en 2013, el legislador mantuvo un régimen transitorio para quienes hubieran adquirido su residencia habitual antes de esa fecha. Estos contribuyentes pueden seguir deduciéndose actualmente las cantidades destinadas al pago de su hipoteca —tanto capital como intereses— con un límite máximo de 1.356 euros anuales.

La modificación del criterio tiene consecuencias directas para miles de personas. En 2023, último año para el que hay datos disponibles en las estadísticas de la Agencia Tributaria, más de 2,7 millones de contribuyentes se beneficiaron del régimen transitorio y aplicaron en su declaración la rebaja. Es decir, aunque hayan pasado más de 10 años desde que la deducción se eliminó, las hipotecas firmadas suelen alargarse durante mucho más tiempo, por lo que todavía hay quien tiene derecho al beneficio. El coste para Hacienda, de hecho, superó los 2.000 millones de euros en ese año.

 

 

[Fuente «El País»]

 

El mercado inmobiliario se alinea para que 2026 sea «el año de los precios históricos» de la vivienda

Nunca la vivienda de segunda mano había sido tan cara en España. El incremento de octubre de casi el 16% recientemente conocido, máximo histórico del metro cuadrado de los pisos usados (2.555 euros de media), es la última muestra de la olla a presión en la que se cuece el mercado inmobiliario español y es producto de una conjunción de factores que alimentan el caldo de cultivo para un alza de los precios sin freno.

 

El calentón del mercado de la vivienda ha venido resistiendo las comparativas con los tiempos de la fiebre del ladrillo que culminó a lo bestia en 2007. Las compraventas se disparan, pero aún no llegan al récord de entonces, los precios suben, pero siguen por debajo de aquellos niveles, no hay burbuja inmobiliaria -aunque los expertos ya no alejan el riesgo completamente-… es el guion mantenido hasta ahora, pero hay signos de cambio.

Dos datos relevantes de octubre han marcado un nuevo paso en el discurso que apostaba por que el país de propietarios habría tocado techo: el primero, la histórica subida de precios de la vivienda de segunda mano que refleja el análisis de Idealista, que ya sí supone un nuevo máximo nunca antes registrado; el segundo, que la subida de precios a nivel nacional alcanzó en el décimo mes del año el 18% interanual, el incremento más elevado de la serie de Fotocasa, que sitúa ya el metro cuadrado en 2.789 euros, a apenas un 5,5% del máximo registrado en la burbuja.

Este nuevo escenario es el que lleva a advertir desde el sector que 2026 se perfila como «el año de los precios históricos», en palabras de María Matos, Directora de Estudios y portavoz de la agencia inmobiliaria, porque la tendencia no deja entrever que la situación vaya a darse la vuelta.

El núcleo de generación de la tensión en el mercado es de sobra conocido: hay muy poca oferta para el nivel de demanda ante un stock de vivienda en venta que roza mínimos y está a solo un 9% del dato más bajo hasta la fecha, en 2014. Y los altos precios del mercado del alquiler (el esfuerzo económico que suponen también avanza sin freno) no ayudan a eliminar parte de la intención de tener vivienda en propiedad sino todo lo contrario, empujan a quienes pueden planteárselo a intentar comprar y a quienes no pueden ahora, a aplazarlo (demanda latente). Ese ha sido el gran cambio este año. Si se compara la Radiografía del mercado de la vivienda de Fotocasa del segundo semestre de 2024 con la recién publicada para el mismo periodo, las dudas que había hace un año sobre si alquilar o comprar se han disipado: la apuesta por la vivienda en propiedad se ha impuesto de forma rotunda, aunque eso no quiere decir que el mercado del alquiler esté retrocediendo.

 

 

[Fuente «El Economista»]

 

APETI te invita a participar en Expofinancial 2025

Este año vuelve Expofinancial, el evento de referencia para los profesionales del sector inmobiliario, financiero y fiscal, que se celebrará en el Movistar Arena de Madrid el próximo viernes 21 de noviembre.

 

En esta nueva edición, Expofinancial apuesta por un formato abierto y de acceso gratuito, con el objetivo de facilitar la participación del mayor número posible de profesionales.

Gracias a la colaboración con APETI, los asociados podrán acceder gratuitamente al evento, previa inscripción en la web oficial:

 

Durante la jornada, APETI participará como asociación colaboradora, junto a otras entidades del ámbito económico, ofreciendo información sobre nuestras actividades, servicios y novedades del colectivo de Expertos Técnicos Inmobiliarios.

Una oportunidad única para actualizarte, hacer networking y conocer las últimas tendencias del mercado.

 ¡Te esperamos en Expofinancial 2025!

Asesoría Jurídica Responde: «Votos de propietarios ausentes»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

En una junta celebrada para la aprobación de bajada de ascensor a cota cero, entendemos que es suficiente la mayoría simple (al tratarse de supresión de barreras arquitectónicas).
En segunda convocatoria, computamos la mayoría de asistentes y a su vez de coeficientes (también de asistentes).
Nuestra duda es si en este tipo de acuerdos, adoptados por mayoría simple, ¿existe el voto del ausente?.

 

RESPUESTA:

Debe tenerse encuesta la regulación del art. 10.1.b) LPH:

“1. Tendrán carácter obligatorio y no requerirán de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, y vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las siguientes actuaciones:

  1. b) Las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido.

También será obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.”

Del art. 17.2 LPH:

“2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.1.b), la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con discapacidad y, en todo caso, el establecimiento de los servicios de ascensor, incluso cuando impliquen la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.”

Y del art. 17.8 LPH:

“8. Salvo en los supuestos expresamente previstos en los que no se pueda repercutir el coste de los servicios a aquellos propietarios que no hubieren votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el art. 9, no manifiesten su discrepancia mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.”

Para la instalación de ascensor con supresión de barreras basta la mayoría simple de copropietarios que representen la mayoría de coeficientes, y que los votos de los ausentes que no manifiesten disconformidad en plazo se computan como favorables. Los votos de los propietarios ausentes que hayan sido debidamente citados y notificados del acuerdo adoptado y que no manifiesten su disconformidad en el plazo legal (30 días) deben computarse como favorables al acuerdo

 

 

 

 

 

La Comunidad de Madrid ofrecerá gratis el servicio del Consejo Arbitral del Alquiler para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos

La Comunidad de Madrid ofrecerá a partir de ahora de manera gratuita el servicio del Consejo Arbitral de Alquiler para resolución de conflictos entre propietarios e inquilinos tras eliminar las tasas que se pagaban hasta ahora con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y facilitar esta mediación.

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su última reunión de esta semana, suprimir el precio público de 72,60 euros que hasta ahora debían abonar las partes implicadas que iniciaban un procedimiento de arbitraje ante este organismo regional, con más de 15 años de trayectoria.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico amplía las medidas destinadas a fomentar el alquiler como alternativa a la compra, para dinamizar el mercado, incentivando que salgan al arrendamiento un mayor número de viviendas con precios estables y condiciones seguras para ambas partes.

El Consejo Arbitral nació en 2009 con el propósito de ofrecer un marco de seguridad a los propietarios que, por temor o falta de confianza, mantienen sus viviendas fuera del mercado. Al mismo tiempo, brinda apoyo a los inquilinos que pueden recurrir a este servicio en caso de conflicto. Este órgano atiende consultas y resuelve de forma ágil y gratuita las discrepancias derivadas de los contratos de alquiler de vivienda, además de otros usos como locales u oficinas.

Hasta la fecha, este órgano colegiado técnico y consultivo ha recibido 1.185 demandas y dictado 1.111 resoluciones. Por su parte, la duración media de los procesos se sitúa en 40 días hábiles y el 64% de estos procedimientos están relacionados con impagos.

 

 

[Fuente «Web Oficial Comunidad de Madrid»]

 

 

Facturación electrónica obligatoria a partir de 2026: guía oficial de la AEAT

A partir de 2026, empresas y autónomos deberán emitir facturas electrónicas de acuerdo con el nuevo sistema Veri*Factu. La Agencia Tributaria ha publicado una guía oficial con toda la información necesaria para adaptarse a esta obligación y conocer los pasos a seguir.

 

Tal y como se ha venido anunciando durante 2025, la emisión de facturas electrónicas será obligatoria a partir de 2026, con las siguientes fechas de aplicación:

  • Empresas: desde enero de 2026.
  • Autónomos: desde julio de 2026.

Con el fin de facilitar la adaptación a este nuevo sistema, la Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado la guía oficial sobre el sistema Veri*Factu, que recoge toda la información necesaria sobre la futura obligación de emitir facturas electrónicas.

 

 

Aspectos a tener en cuenta

  • Si realizas tus facturas mediante un programa informático de facturación, deberás adaptarlo obligatoriamente para cumplir con la nueva normativa.
  • Si elaboras tus facturas en Word o Excel, de momento Hacienda no exige adaptación.
  • En los próximos días, la AEAT está enviando comunicaciones informativas a los contribuyentes para explicar los pasos a seguir.

Desde APETI recomendamos leer detenidamente la guía y comprobar con antelación las posibles adaptaciones que debas realizar, evitando dejarlo para el último momento.

Si emites pocas facturas, puedes utilizar la aplicación gratuita de la AEAT; en caso contrario, conviene contratar un programa de facturación adaptado al nuevo sistema Veri*Factu.

Desde APETI seguimos comprometidos en ofrecerte información útil y actualizada que te ayude a anticiparte a los cambios normativos y a ejercer tu labor profesional con seguridad y confianza.

 

El euríbor vuelve a subir y encarece las hipotecas con revisión semestral por primera vez en casi dos años

El parón de los tipos de interés por parte del BCE ha frenado el abaratamiento de las cuotas. Casi dos años después, el euríbor vuelve a traer malas noticias a los hipotecados a tipo variable. El golpe en la cuota será mínimo, apenas cuatro euros al mes para una hipoteca media, y se circunscribe solo a los clientes con revisión semestral.

 

El encarecimiento de los pagos, algo que no sufrían desde noviembre de 2023, es indicativo de que llega a su fin el ciclo de fuertes rebajas del que se han beneficiado millones de personas que se endeudaron para comprar una vivienda. Pasando a los números concretos, el euríbor cerró octubre en el 2,187%, un ligero incremento frente al 2,172% de septiembre, pero que supera el 2,143% de abril, el mes que importa para quienes revisan semestralmente.

El euríbor ha encadenado tres meses consecutivos de subidas, que si bien no han sido dramáticas ni verticales, sí han sido suficientes para aplacar la euforia que desató su descenso desde su pico en octubre de 2023, cuando estaba en el 4,16%. Desde entonces, las expectativas de rebajas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo primero, y su materialización después, fueron adelgazando el indicador, y devolviendo al bolsillo de los hipotecados lo que antes les quitaba.

Ahora, con la inflación bajo control, el BCE ha plegado velas. Christine Lagarde y los suyos han dejado sin cambios los tipos de interés durante tres reuniones consecutivas, y no hay visos de que vuelvan a recortarlos a corto plazo, lo cual ha estabilizado el euríbor en un rango de entre el 2% y el 2,2% desde abril.

Pese a ello, el fin de los abaratamientos de cuotas para quienes vean revisada su hipoteca cada 12 meses todavía se retrasará como mínimo hasta el año próximo. En octubre de 2024 el euríbor estaba en el 2,691%, por lo que una hipoteca media, que en España, según el INE, es de 145.673 euros a pagar en 25 años, se ahorrará todavía unos 49 euros al mes, o lo que es lo mismo, 588 euros al año.

 

 

[Fuente «El País»]

 

Asesoría Jurídica Responde: «El Certificado Digital de una comunidad de propietarios»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

Una comunidad que administraba se ha ido con otro administrador y me están preguntando por el certificado digital de la comunidad.

Yo lo solicité pero en el mismo estoy yo como autorizada, por lo que entiendo que no debo entregárselo al nuevo administrador ya que todas las gestiones que hagan constaran como que las he realizado yo.

¿Debo revocar este certificado? y que sea la nueva administración quienes soliciten uno nuevo.

 

RESPUESTA:

Existe la obligación de entregar toda la documentación de la comunidad, incluido toda la documentación, efectos o instrumentos electrónicos (como certificados digitales) vinculados a la gestión de la comunidad.

No obstante, sería conveniente que, tras su cese como administradora, proceda a revocar el certificado digital expedido a su nombre y comunique fehacientemente a la comunidad y al nuevo administrador que, para la gestión electrónica, corresponde a la nueva administración solicitar un nuevo certificado digital a nombre de quien ostente la representación.

De este modo, evitaría asumir responsabilidades por actos realizados tras su cese y garantizaría la seguridad jurídica en la gestión de la comunidad.

No sería recomendable entregar el certificado digital personal, ya que su uso posterior podría implicar que las actuaciones consten como realizadas por usted, con los riesgos que ello conlleva.

Deberá facilitar toda la información y documentación necesaria para que el nuevo administrador pueda solicitar su propio certificado digital, cumpliendo así con su deber de colaboración y entrega de documentación.

 

 

Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

NOTA DE ACTUALIZACIÓN

APETI ha recibido una solicitud formal de rectificación por parte de AMIANTOS DEL SUR, S.L., en relación con la información recogida en esta publicación, que reproduceun extracto de la noticia original del medio Infobae.

Tras revisar la Sentencia nº 484/2025 del Juzgado de Primera Instancia nº13 de Madrid (Procedimiento Ordinario 2065/2022), aportada por la empresa solicitante, se aclaran los siguientes extremos:

  • La resolución judicial no declara incumplimiento contractual por parte de AMIANTOS DEL SUR, S.L.
  • El fallo es estimatorio parcial, condenando a la Comunidad de Bienes demandada a abonar a la empresa la suma de 13.169,75€, más intereses legales.
  • Las ampliaciones de presupuesto mencionadas en el procedimiento fueron aceptadas por ambas partes, según consta en la documentación del juicio.
  • La sentencia no es firme y ha sido objeto de recurso de apelación.

El contenido original de esta entrada reproducía parcialmente información publicada por un medio de comunicación externo, citando la fuente y enlazando a la noticia completa.
Para una comprensión íntegra y actualizada del asunto, se recomienda la consulta directa de la sentencia judicial correspondiente.

El juez ha descartado en sus conclusiones que la presencia de otros operarios ajenos a la actora en la nave justificara el incumplimiento de los plazos, ya que “nada impidió que decidiese ejecutar los trabajos”.

El Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid ha dictado sentencia a favor de una comunidad de propietarios demandada por la empresa Amiantos del Sur (AMISUR), perteneciente al grupo “La Pole de Mantenimiento”. La compañía reclamaba más de 59.000 euros por una supuesta paralización injustificada de una obra. Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a la defensa de los vecinos, que alegaban que fue la empresa la que incumplió.

En concreto el letrado que defendía a la comunidad de bienes, basó la oposición en que la empresa generó un cambio unilateral de condiciones, y que al no ser aceptadas por la propiedad, AMISUR abandonó la obra unilateralmente, por lo que no tenía derecho a cobrar el presupuesto completo y sólo tenía derecho a 13.000€.

Pretendía cobrar partidas no ejecutadas

El conflicto tuvo su origen en la firma de un contrato de obra el 16 de marzo de 2022, posteriormente ampliado en julio del mismo año, para la retirada de fibrocemento con amianto y la colocación de paneles sándwich en la nave de la demandada.

La empresa contratada alegó que la contraparte incumplió el acuerdo al no garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de los trabajos, lo que habría provocado retrasos y la imposibilidad de completar la obra en los plazos previstos. Por ese motivo, la empresa reclamó el pago íntegro de los trabajos presupuestados, las ampliaciones aceptadas y una indemnización por lucro cesante, además de los intereses legales y los costes mínimos de reclamación previstos en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

 

 

[Fuente «Infobae»]

 

El Notariado lanza el Portal de la Vivienda en el que figuran los precios reales del mercado, con acceso público y gratuito

¿Cuánto vale realmente un piso en Madrid o Barcelona? ¿Qué precio tiene la vivienda en mi barrio? ¿Qué esfuerzo debo hacer para comprarlo? Hasta ahora, la respuesta dependía de portales inmobiliarios que muestran precios de oferta, no los reales. A partir de hoy eso ha cambiado para siempre.

 

El Consejo General del Notariado ha presentado hoy el Portal de Vivienda del Notariad, una innovadora herramienta digital que ofrece información real, completa y actualizada sobre el mercado inmobiliario español. Con los precios reales.

El portal, (www.penotariado.com/inmobiliario/buscador-precio-vivienda), permite consultar el precio real de compraventa de viviendas en todo el país, con un nivel de detalle que llega hasta el Código Postal. Y dentro del Código Postal, en un radio de varias calles.

Permite visualizar, a través de un mapa de fácil navegación y muy visual para explorar y obtener los principales indicadores sobre la vivienda. Y conocer el precio medio por metro cuadrado en todo el país con una precisión sin precedentes. Además de conocer los colectivos que han comprado, si españoles o extranjeros.

En la Comunidad de Madrid el precio medio alcanza los 2.153 euros, lo que supone un incremento del 103% desde 2014. En Madrid capital, por ejemplo, el precio medio es mayor. Alcanza los 4.769 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento del 103% en los últimos once años. Pero si uno quiere saber a cuanto está el metro cuadrado en el distrito 28001, de Recoletos, el Portal de Vivienda te precisa: 11.142 euros el metros cuadrado.

En los primeros ocho meses de 2025 Madrid capital ha experimentado un aumento del 13% aunque hay zonas como Usera donde los precios se han triplicado desde 2014.

 

 

[Fuente «Confilegal.com»]