La paradoja de la vivienda en España: del exceso de la ‘burbuja’ a la crisis por falta de casas

El mercado residencial español se enfrenta a un problema cada vez más estructural. Entre 2019 y 2025, el precio de la vivienda ha aumentado en torno a un 40%, una subida que supera en unos diez puntos porcentuales el crecimiento de la renta disponible de los hogares y que se produce en un contexto marcado por un déficit persistente de nueva construcción.

 

Así lo concluye el último informe de CaixaBank Research, que analiza el mercado inmobiliario europeo en un contexto en el que la vivienda se ha convertido en la principal inquietud para los europeos.

Este escenario contrasta de forma radical con el que vivió el mercado residencial español durante la anterior gran crisis inmobiliaria. Tras estallar la burbuja inmobiliaria en 2008, el sector atravesó una profunda recesión marcada por un exceso de oferta sin precedentes, tras más de una década de crecimiento impulsado por el crédito fácil y una producción de vivienda muy por encima de las necesidades reales de la población.

En los años previos al estallido de la burbuja, España llegó a iniciar más viviendas que Alemania, Francia y Reino Unido juntos, lo que desembocó en un stock de cientos de miles de viviendas sin vender y en el colapso de buena parte del tejido promotor.

La brusca corrección del mercado provocó una caída generalizada de precios, un desplome de la actividad constructora y un proceso de desapalancamiento que se prolongó durante casi una década. Desde entonces, la promoción residencial ha operado bajo un modelo mucho más prudente, con mayores exigencias de capital, una financiación más restrictiva y una producción muy contenida.

Sin embargo, este ajuste estructural, que permitió absorber el exceso heredado de la burbuja, ha derivado con el paso de los años en el problema opuesto: una oferta insuficiente para atender el crecimiento de hogares, especialmente en las grandes áreas urbanas y los mercados más dinámicos.

 

 

[Fuente «El Economista»]

 

Asesoría Jurídica Responde: «Pajarera en terraza de uso privativo»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

¿Se puede tener una pajarera en zona privativa?
No viene limitación al respecto, en los estatutos ni el título constitutivo, y la misma no está anclada a la pared, sino que es un elemento móvil.

 

RESPUESTA:

La instalación de una pajarera en una terraza privativa no exige, por sí sola, autorización de la junta si se mantiene dentro del ámbito de uso del elemento privativo y no altera la configuración o estado exterior del edificio ni perjudica derechos de otros propietarios, conforme al límite del propietario para ejecutar actuaciones en su piso o local (LPH art.7.1)y a la regla general de que la autorización comunitaria solo es necesaria cuando se alteran elementos comunes o la apariencia exterior.

Ahora bien, aunque no esté anclada, si por su presencia, volumen o permanencia incide en la estética o configuración exterior, puede reputarse una actuación que excede del uso permitido y quedar sujeta a autorización comunitaria, ya que el carácter desmontable o móvil no impide la ilicitud cuando se altera la apariencia externa, criterio aplicado por la jurisprudencia a instalaciones duraderas que afectan a la configuración exterior. Si la actuación se considera una alteración inconsentida relevante, la consecuencia puede ser la obligación de reposición al estado anterior.

El marco general de actuación del propietario en su terraza privativa es que puede realizar actuaciones en su elemento privativo, pero con el límite de no menoscabar o alterar la seguridad del edificio, su estructura general, ni su configuración o estado exteriores, ni perjudicar derechos de otros propietarios (LPH art.7.1). La terraza, aun cuando sea privativa o de uso privativo, se integra en un régimen de convivencia que exige respetar la uniformidad de criterios en elementos con proyección externa y el respeto de los elementos comunes y su imagen, siendo regla general que toda alteración de elemento común o de la configuración exterior requiere autorización comunitaria.

Que la pajarera no esté anclada no determina automáticamente que no precise autorización. El criterio relevante es si la actuación altera la configuración o estado exterior o afecta a elementos comunes. La doctrina citada admite que el carácter desmontable no impide apreciar infracción cuando lo afectado es la apariencia externa, como sucede con instalaciones duraderas que inciden en la configuración exterior. En paralelo, se reconoce que quedan excluidas de autorización ciertas intervenciones de escasa relevancia, calificadas más como uso que como obra, siempre que no se afecte la estética o el decoro exterior.

Por tanto, si la pajarera se limita a un uso ordinario, sin impacto exterior relevante ni perjuicio, puede encajar en ese ámbito; si su efecto es apreciable en fachada o imagen del edificio, se aproxima al supuesto de actuación sujeta a control comunitario por afectar a la configuración exterior.

¿Qué consecuencias derivan si se entiende que excede del uso permitido y se instala sin consentimiento? Si se califica como alteración de elementos comunes o de la configuración exterior sin autorización, la jurisprudencia y el criterio general de propiedad horizontal conducen a la ilicitud de la actuación y a la reposición del elemento afectado a su estado anterior, sin derecho a compensación, salvo supuestos excepcionales de urgencia que aquí no concurren.

Además, el consentimiento tácito no se presume por el mero conocimiento o el simple transcurso del tiempo, exigiéndose hechos concluyentes e inequívocos para entenderlo otorgado.

 

 

 

 

 

 

La justicia falla a favor de los dueños de un local: el hueco de debajo de la escalera es privativo y no un elemento común de la comunidad de propietarios

Los dueños compraron el local en el año 1989, habiéndoles sido entregado el mismo tal y como se mantiene y han hecho uso del mismo desde ese momento hasta la actualidad.

 

La Audiencia Provincial de Cantabria ha fallado a favor de los dueños de un local abierto al público y que está integrado en una comunidad de propietarios, al dictaminar que el hueco que hay debajo de las escaleras del edificio y que usan los propietarios del local como parte de su comercio, al tener comunicados físicamente ambos espacios, es privativo y no un elemento comunitario.

En consecuencia, la Audiencia Provincial ha frustrado los planes de una comunidad de propietarios que reclamaba que el hueco situado bajo la escalera y descansillo del edificio, y que está comunicado con el local comercial, fuese declarado un elemento común de la comunidad con el fin de poder instalar en ese espacio un ascensor.

Según consta en la sentencia, los propietarios del local adquirieron el mismo en el año 1989 mediante contrato de compraventa con la constructora del edificio y ya entonces el hueco bajo la escalera estaba anexo al local. Desde entonces y de manera continuada han ocupado “en la misma forma, de manera pública, pacífica e interrumpida” el hueco de debajo de la escalera y descansillo del edificio como parte de su propiedad, haciéndolo formar parte de su negocio abierto al público, una pescadería.

Desde que adquirieron el local el hueco de debajo de la escalera no se encontraba tabicado ni separado del resto, y comenzaron entonces a hacer uso del mismo para su comercio, destinándolo como zona de limpieza de pescado. Si bien es cierto que en 2001 y 2002 los dueños del local hicieron obras de modernización en el espacio litigioso, llegando a construir un tabique en ese hueco para hacer un aseo.

 

 

[Fuente «Economist & Jurist»]

 

Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) – ENERO 2026

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 2,4% en enero, cinco décimas menos que la registrada en diciembre. La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente se mantiene en el 2,6%. La variación anual del indicador adelantado del IPCA es del 2,5%. Con la publicación del IPC adelantado de hoy, el INE implanta la nueva base 2025.

 

La inflación anual estimada del IPC en enero de 2026 es del 2,4%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE.

Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría que la tasa anual disminuye cinco décimas, ya que en el mes de diciembre esta variación fue del 2,9%.

Esta evolución es debida, principalmente, a los precios de la electricidad, que suben, pero en menor medida que en enero de 2025; y a los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que disminuyen, frente al incremento en el mismo mes del año anterior.

La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) se mantiene en el 2,6%.

Evolución de la tasa mensual

Los precios de consumo registran en enero una tasa del -0,4% respecto al mes de diciembre, según el indicador adelantado del IPC.

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)

En el mes de enero la tasa de variación anual estimada del IPCA disminuye cinco décimas y se sitúa en el 2,5%. La tasa anual estimada de la inflación subyacente del IPCA se sitúa en el 2,8%. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del -0,7%.

 

 

[Fuente «Instituto Nacional de Estadística»]

 

 

 

Vivienda ordena retirar más de 86.000 anuncios de pisos turísticos y de temporada ilegales de las plataformas digitales

El Gobierno refuerza el control sobre el alquiler de corta duración tras implantar el registro obligatorio en toda España, con Madrid, Andalucía y la Comunitat Valenciana a la cabeza de las solicitudes denegadas.

 

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las principales plataformas online la existencia de 86.275 viviendas turísticas y de temporada ilegales, cuyos anuncios deberán ser retirados de forma obligatoria. Se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro exigido por la normativa, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos establecidos.

Esta actuación se enmarca en la puesta en marcha del registro único de alquileres de corta duración, una herramienta clave para controlar el mercado y perseguir prácticas irregulares. España se ha convertido así en el primer país de la Unión Europea en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear este registro, con el objetivo de aumentar la transparencia, combatir la ilegalidad y proteger el mercado del alquiler residencial.

Desde el pasado mes de julio, todos los propietarios que quieran ofrecer una vivienda turística o de temporada deben contar con un código obligatorio, que otorgan los Registradores de la Propiedad. Este identificador se comparte posteriormente con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, lo que permite cruzar datos y detectar anuncios que no cumplen la ley.

 

 

[Fuente «Infobae»]

 

Asesoría Jurídica Responde: «Impugnación de acta por parte de propietario»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

Un propietario ha impugnado un Acta, porque no le he dado derecho a voto.

Para ello me basó en que tiene pendiente de abonar una cantidad a día de la reunión.

La consulta es sobre si ha obrado bien, porque la cantidad que tiene este señor, es de intereses sobre una cuota impagada. Es decir solo debe el interés por que la cuota ya la abonó antes de la reunión.

 

RESPUESTA:

Según el art. 15.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH):

“Los propietarios que en el momento de iniciarse la junta no se encuentren al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la comunidad, y no hubiesen impugnado judicialmente las mismas o consignado su importe, podrán participar en las deliberaciones, pero no tendrán derecho de voto.”

La privación del derecho de voto no se limita únicamente a las cuotas impagadas, sino a “todas las deudas vencidas”, lo cual puede incluir intereses aprobados por la junta como consecuencia del impago de las cuotas ordinarias o extraordinarias, siempre que dichos intereses sean exigibles en el momento de iniciarse la junta y no hayan sido impugnados ni consignados por el propietario.

Por tanto, la actuación puede considerarse conforme a derecho, si estos extremos se cumplen y ha existido transparencia en la convocatoria y en el acta.

No obstante, es recomendable revisar que la deuda de intereses haya quedado suficientemente clara y notificada, para evitar posibles impugnaciones.

El propietario impugne alegando que el abono de la cuota principal le sitúa “al corriente de pago”, pero los tribunales entienden que la deuda por intereses también es causa suficiente para la privación, siempre y cuando esté acordado por la Junta.

En este sentido se pronuncia la AP A Coruña, sec. 6ª, S 19-06-2007, nº 226/2007, rec. 173/2006.

 

 

 

 

Ayuso endurece el acceso a la vivienda protegida: exige 10 años de empadronamiento en Madrid y prohíbe a los condenados por ‘okupación’

Según ha anunciado este lunes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, los solicitantes de este tipo de inmuebles deberán acreditar al menos 10 años de empadronamiento en la capital y se prohíbe el acceso a los condenados por cualquier delito relacionado con la ‘okupación’, como el allanamiento de morada o usurpación, durante cinco años.

 

El nuevo Reglamento de Vivienda, que está actualmente en fase de tramitación, se someterá a un periodo de audiencia e información pública, por lo que su aprobación definitiva está prevista para el mes de julio.

«Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ‘okupación’ a pesar de tener unas competencias limitadas», ha señalado la presidenta, quien ha remarcado que la nueva medida pretende modernizar el marco normativo vigente, «mejorar la eficacia de las políticas públicas en la materia y reforzar la defensa de la legalidad».

En este sentido, la mandataria regional ha indicado que esta nueva ley fijará que cualquier persona que haya sido condenada por sentencia firme por los delitos de allanamiento de morada o usurpación de un inmueble no podrá beneficiarse de una vivienda protegida si se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud.

Asimismo, el texto incluye como novedad que todo solicitante deberá acreditar un periodo mínimo de 10 años de empadronamiento en Madrid antes de poder optar a una vivienda protegida. «Esta condición pretende priorizar la vinculación estable con la región de los beneficiarios y asegurar que los recursos públicos se destinan a quienes contribuyen de manera continuada a su desarrollo», ha explicado.

 

 

[Fuente «El Economista»]

 

Estadística de Hipotecas – Octubre 2025. (Datos provisionales)

El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad fue de 52.198, un 0,6% más en tasa anual. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas aumentó un 10,4% y se situó en 167.080 euros. El tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 2,81%.

 

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 52.198, un 0,6% más que en octubre de 2024. El importe medio de estas operaciones fue de 167.080 euros, con un aumento del 10,4%.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) aumentó un 8,4%.

Tipo de interés de las hipotecas sobre viviendas

Para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 2,81% y el plazo medio de 26 años. El 38,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 61,3% a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,79% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,82% para las de tipo fijo.

Hipotecas con cambios registrales

El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad se redujo un 17,6% en octubre en tasa anual. Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) disminuyeron un 30,2% y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 7,1%. Por el contrario, las subrogaciones al deudor (cambia el titular) aumentaron un 34,1%.

 

 

[Fuente «Registradores.org»]

 

 

El mercado inmobiliario avanza a dos velocidades: el alquiler se cierra en 8 días y la venta tarda 54

El mercado inmobiliario español atraviesa un momento de claros contrastes. Así lo refleja la XXIII edición del Barómetro Inmobiliario de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y Spanish International Realty Alliance (SIRA), que confirma un comportamiento dual cada vez más marcado entre el alquiler y la compraventa. Mientras arrendar una vivienda es casi inmediato, venderla sigue un proceso más calmado y reflexivo.

 

Según los profesionales inmobiliarios consultados, una vivienda en alquiler tarda de media solo ocho días en encontrar inquilino. En cambio, una operación de compraventa necesita alrededor de 54 días para cerrarse. Esta diferencia ilustra dos realidades que conviven en el mismo mercado.

El alquiler se mueve en un escenario de máxima presión. La elevada demanda, unida a un stock muy limitado, reduce los plazos de forma drástica y deja poco margen de maniobra a los inquilinos. Esta situación es especialmente visible en las grandes ciudades, donde la rotación es alta y la oferta escasa.

La falta de alternativas también tiene efectos directos sobre las condiciones de acceso. Muchos arrendatarios apenas pueden comparar opciones o negociar precios. Al mismo tiempo, los propietarios tienden a endurecer los requisitos ante un mercado claramente favorable para ellos.

Un alquiler tensionado frente a una compraventa más racional

Frente a la rapidez del alquiler, la compraventa mantiene un ritmo más pausado. Los 54 días de media responden a trámites habituales como la financiación, las tasaciones o la firma ante notario. Aun así, los expertos consideran que se trata de plazos razonables. Este comportamiento más estable indica que las operaciones se cierran con relativa fluidez. No obstante, el Barómetro subraya que la raíz del problema es común en ambos mercados. La falta de vivienda disponible sigue siendo el principal obstáculo para equilibrar oferta y demanda.

 

 

[Fuente «Brainsre.news»]

 

Asesoría Jurídica Responde: «Caldera comunitaria»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

Tengo 3 comunidades que comparten caldera comunitaria.
El servicio de mantenimiento, nos informa que la caldera está ya en las últimas puesto que son del año 73.
Esta empresa, nos da las opciones de gas y gasóleo, puesto que los propietarios son personas más bien mayores y no quieren otro combustible ni Aero termias.
Los propietarios, por otro lado, me han propuesto quitar la caldera y ponerse ellos sus sistemas.

¿Se necesita unanimidad o 3/5 para esta actuación de quitar caldera e individualizar?.

 

RESPUESTA:

La comunidad siempre que actúe con justificación técnica y de seguridad puede modificar el sistema de calefacción, que es un servicio común de interés general: y no obedece a la intención dañar a un tercero y es una facultad de la Comunidad que decide el modo de prestación de determinados servicios, entre ellos el de calefacción, optando por el que le parezca más conveniente.

En éste caso, además, la decisión está justificada por la antigüedad, y que las actuales instalaciones carecen de condiciones técnicas y de seguridad necesarias para seguir funcionando por una instalación de un servicio distinto, más moderno, y seguro al existente.

La modificación puede aprobarse por mayoría de tres quintos, no por unanimidad, en aplicación del artículo 17.3 de la Ley de Propiedad Horizontal se dice que:

“El establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos, requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación”.

 Entre esos servicios comunes de interés general excluidos de la regla de la unanimidad recogida en el párrafo primero está el servicio de calefacción para cuya modificación, por tanto, basta con la mayoría de tres quintos.

En este sentido se pronuncia la AP A Coruña, sec. 6ª, S 19-06-2007, nº 226/2007, rec. 173/2006.