¿La intervención del mercado es la solución a la problemática social de la vivienda?
Las políticas de vivienda están siendo el principal foco de debate en la opinión pública. Estos últimos meses se han caracterizado por un incremento en el malestar social, motivado principalmente por los elevados precios de los alquileres, el difícil acceso a la adquisición de propiedades inmobiliarias y el crecimiento de la okupación.
El Gobierno de España y sus socios de coalición apuesta por intervenir el mercado mientras que algunos gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, apuestan por mejorar el acceso a la vivienda con políticas que incentiven la oferta de alquileres. Es necesario un Plan Nacional para la vivienda y que el Gobierno de Españaproteja a todos los sujetos involucrados y genere un marco regulatorio estable y moderno.
Algunos partidos políticos están aprovechando la crisis social para enfrentar a inquilinos y propietarios. Como es de costumbre, se ha apostado por intervenir el mercado de la vivienda, poniendo el foco del problema en los propietarios y desincentivandomedidas para dinamizar el mercado. Frente a los discursos populistas que promueven una intervención de los precios de los alquileres y que acaba generando menos oferta en el mercado, es necesario que haya más protección de los propietarios ante los inquilinos y acabar con el ataque sistemático a la propiedad privada.
La Ley de Vivienda que aprobó el Gobierno el año pasado ha resultado ser ineficiente y no ha conseguidoatajar esta problemática social. Durante estos meses, miles de personas se han manifestado para pedir una acción política que solvente una situación preocupante y compleja. Más allá de las medidas que se vayan a tomar al respecto, la pregunta que hay de fondo es el debate sobre qué tipo de políticas públicas se tienen que adoptar para atajar esta problemática.
Pedro Sánchez prometió, el 18 de diciembre de 2023, un mes después de haber sido investido de nuevo presidente del Gobierno, que iba a usar ‘‘todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible’’, si bien, a fecha de hoy, la realidad es que se han puesto a disposición de las familias 10.206 viviendas en un año y medio, lo que supone algo más del 5% de las viviendas anunciadas y la gran mayoría proceden de la Sareb o también conocido como el ‘banco malo’ al que fueron a parar los activos de las cajas quebradas durante la crisis financiera de 2008.
[Fuente «La Razón»]
