La empresa pública de vivienda: una quimera costosa y compleja para el sector
Los expertos alertan de que su lanzamiento requerirá ingentes recursos económicos y de que el Estado no cuenta con una estructura adecuada para operar en el mercado inmobiliario.
Pese a las regulaciones introducidas por la Ley de Vivienda o los planes anunciados por el Ejecutivo para levantar 184.000 viviendas asequibles, la realidad es que los precios tanto de compraventa como de alquiler no paran de subir y que el acceso a una casa se está convirtiendo en una casi un imposible para las familias con menos recursos económicos.
La última propuesta lanzada por el Ejecutivo para tratar de revertir la situación -y hacer frente también a las acusaciones de inmovilismo lanzadas incluso por sus propios aliados parlamentarios- es la creación de una empresas estatal de vivienda con la que, según ha dicho esta semana la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se pretende atacar el problema de oferta que, junto a la fuerte demanda fruto de la inmigración y los bajos tipos de interés, está disparando los precios.
El germen de esta futura sociedad estatal en la que el Gobierno asegura que lleva trabajando un año será la actual sociedad de suelo Sepes. Esta empresa pública, como explicó Rodríguez,abordará de manera integral todas las capacidades que tiene la Administración General del Estado, desde la urbanización del suelo público, a la construcción, movilización y gestión de viviendas, tanto en compra como en alquiler.
[Fuente «La Razón»]
