El mapa de los pisos turísticos en España: de las medidas pioneras de Barcelona a la dramática situación de Cádiz
El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los españoles en los últimos años. En muy poco tiempo ha escalado hasta la segunda posición en los asuntos que más preocupan a los ciudadanos, solo por detrás del paro, según la última encuesta del CIS publicada hace poco más de un mes.
La ley impulsada por el Gobierno central hace algo más de un año no solo no se ha notado, sino que no ha impedido que en un año el precio del alquiler se dispare casi un 15%. En estos más de 365 días la vivienda se ha convertido en un asunto de disputa política. La poca efectividad de la norma la ha justificado el Ejecutivo central en que aquellas comunidades gobernadas por el PP, donde se encuentran las ciudades con mayores zonas tensionadas, el Gobierno autonómico no la ha aplicado.
El fallo del Tribunal Constitucional de mayo tampoco ayudó a clarificar la situación. El ejemplo claro de ello es que tanto el Ejecutivo central como las CCAA con gobiernos del PP se felicitaban por el resultado. Si bien el tribunal de garantías reconocía la potestad del Estado para establecer las condiciones básicas de vivienda que garanticen la igualdad de los ciudadanos en su ejercicio, también declaraba inconstitucional algunos artículos de la norma porque considera que invade las competencias autonómicas.
Con todo, el tiro se centra ahora en otro de los asuntos que contribuyen a que la vivienda se encarezca: la proliferación de pisos turísticos. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció la semana pasada que el Gobierno está estudiando una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que esas viviendas ejercen una actividad económica.
[Fuente «20 minutos»]
