Asesoría Jurídica Responde: «Rehabilitación de piscina comunitaria»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

En una Comunidad que gestionamos, están llevando a cabo una rehabilitación en la zona de la piscina, aprobada en Junta General además de la derrama correspondiente. Tenemos 6 propietarios que no residen en la Comunidad pero que son sólo propietarios de una plaza de garaje.
Tras revisar los Estatutos, los cuales adjunto, en el artículo 3 hace mención a los elementos comunes pero no hace mención en específico a la piscina, la lógica nos hace pensar que estos propietarios no deben asumir el coste de la obra ya que entendemos que tampoco tienen derecho al uso y disfrute de la piscina pero no se indica en ningún artículo.

Nos surgen dos dudas:

• ¿Estos propietarios de plazas de garaje tienen derecho al uso y disfrute de la piscina?
• ¿Debemos incluirlos en el reparto de gasto de la obra en la piscina en función de su coeficiente?

 

RESPUESTA:

Para el ejercicio del derecho de propiedad no le hace falta la piscina por lo que, salvo que lo dijeran los Estatutos ni tienen derecho a su uso, ni tienen la obligación de contribuir a los gastos de reparación o conservación.

El art. 3 de los Estatutos no lo dice expresamente cual son estos elementos comunes, pero delimita “los gastos necesarios para el mantenimiento, conservación reparación y limpieza de estos elementos comunes, serán sufragados por los propietarios de los departamentos privativos con arreglo a la cuota que cada departamento privativo independiente tiene asignada en el conjunto. En esta misma proporción serán satisfechos los impuestos y arbitrios cargados o librados sobre la totalidad del inmueble.

Así mismo cuando habla de la zona deportiva del art. 6 de los Estatutos los gastos los fija en los propietarios de viviendas integradas en las comunidades. No dice nada de plazas de garaje, por lo que es la misma lógica a la hora del uso y de la obligación de mantenimiento del gasto