Según los datos del Ministerio de Hacienda publicados el 16 de febrero, la recaudación de las comunidades autónomas cerró el año 2021 con cifras récord en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD), los tributos que gravan las transmisiones de casas.

 

En total, las autonomías ingresaron por esta partida unos 10.800 millones de euros, un 43% anual más. En 2022, se espera que la recaudación sea mayor, de unos 11.500 millones de euros.

El ITP y el AJD son dos impuestos de carácter indirecto que se aplican en España y que gravan las transacciones inmobiliarias y financieras, respectivamente. Su gestión y recaudación están cedidas a las comunidades autónomas, que modulan el gravamen.

El primero afecta a las transmisiones de bienes y derechos de carácter patrimonial, entre los que se incluyen la compraventa de casas, la constitución de préstamos hipotecarios o la cesión de derechos sobre inmuebles. El tipo impositivo varía en función de cada región y oscila entre el 6% y el 10% del valor de la transacción exceptuando al País Vasco, donde se reduce al 2,5% en la primera vivienda.

El AJD, por su parte, grava los documentos notariales y mercantiles, como las escrituras de préstamo hipotecario o las pólizas de seguros. En este caso, los tipos oscilan entre el 0,5% y el 1,5% del valor del documento.

Por eso, en un contexto en el que las compraventas de vivienda están en cifras máximas, los ingresos fiscales se disparan, pero sin embargo, la fiscalidad en la compra de vivienda no parece haber frenado en los últimos dos años la demanda de casas, aunque la alta carga impositiva dificulte el acceso a la compra de un inmueble, especialmente entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual en propiedad y sobre todo en un contexto económico complejo ante la subida de los tipos de interés, la caída de poder adquisitivo y un menor ahorro.

Según los expertos por la compra una vivienda nueva que tenga un valor de venta de 140.000 euros, las diferentes administraciones -local, autonómica y estatal- se embolsan más de 37.000 euros en impuestos directos e indirectos. Esta transacción soporta unos gravámenes en tasas e impuestos municipales como la licencia de obras, de primera ocupación o el de construcciones de 4.772,34 euros, a los que hay que sumar otros 3.382,53 euros de los de carácter autonómico como la tasa de calificación provisional o definitiva. A todo ello hay que añadir el IVA, que en el caso de este bien es del 10% y asciende, por tanto, a 14.000 euros. En total, 22.104 euros en impuestos directos.

En cualquier caso, la compraventa de vivienda en España ha comenzado ya a perder fuelle tras dos años alcanzando cotas inusualmente elevadas. Sin embargo, y a la espera de si la tendencia de moderación se estabiliza, las comunidades autónomas pueden presumir de los ingresos fiscales cosechados en 2021 y 2022, dos años de vacas gordas en el mercado inmobiliario.

 

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En el siguiente acceso, puedes ver la información publicada por el Ministerio de Hacienda al respecto de la recaudación obtenida por tributos cedidos gestionados por las comunidades autónomas y la obtenida por tributos concertados, convenidos y propios de las comunidades forales, durante el 2021: