La nueva Ley de Vivienda y su posible impacto en la inversión
Tras casi tres años desde que comenzó su tramitación, el Gobierno ha conseguido sacar adelante una nueva Ley de Vivienda cuyo propósito declarado es enmendar o mitigar los problemas de vivienda que existen actualmente en España.
La exposición de motivos de la norma recoge, como uno de los objetivos: «Establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, así como de los asociados a la propiedad de vivienda, aplicable a todo el territorio nacional». Sin embargo, la opinión que ha trascendido en medios de comunicación parece apuntar a dudas en cuanto a la solución y formas de adopción de estas medidas en cuanto a que éstas vayan a ser realmente eficaces.
En primer lugar, asociaciones de propietarios e inquilinos achacan al texto que dañaría la vertiente jurídico-privada del derecho de propiedad. Si bien es constatable el problema del acceso a la vivienda en la actualidad y que la iniciativa política resultaba necesaria, los actores del mercado implicados se muestran reticentes al grado de intervención estatal que recoge esta norma. El derecho de propiedad, hasta ahora, se consideraba ciertamente inalienable y, de hecho, en España, siempre nos hemos sentido muy orgullosos de nuestro sistema, configurado en línea con otros de nuestro entorno europeo y, ciertamente, también, por qué no decirlo, protector de la figura de propietario. El texto que ahora se tramita contempla la intervención de las rentas, algo que hasta ahora no existía, lo mismo que la obligación de destinar a vivienda protegida un 40% o un 20%, según el caso, de la edificabilidad residencial. Esta nueva regulación echará por tierra una de las razones fundamentales por las que el inversor extranjero estaba eligiendo España (hasta ahora) en el momento de invertir en inmuebles: la fiabilidad del sistema de propiedad inmobiliaria español.
[Fuente Expansión]
