La Agencia Tributaria realizó en 2018 un total de 27.618 actuaciones nominales de control sobre grandes empresas, patrimonios de personas físicas, en relación con abusos societarios y de lucha contra la economía sumergida. La Agencia sitúa el análisis en el ámbito de la tipología de las actuaciones, dando así prioridad a la selección de riesgos fiscales y a la utilización de un procedimiento u otro (intensivo o extensivo) por criterios de eficiencia

• La Agencia Tributaria ha obtenido 15.089 millones de euros en labores de lucha contra el fraude en 2018, lo que supone un 2% más que el año anterior
• Las sucesivas campañas de avisos en datos fiscales sobre alquileres han incrementado en 122.000 el número de declarantes y han generado un ensanchamiento de bases imponibles de más de 1.300 millones de euros

Lucha contra la economía sumergida

En 2018, la Agencia realizó cerca de 3.000 actuaciones inspectoras bajo distintos programas de comprobación (1.650 en el de actividades económicas y el resto en otros programas) en las que descubrió ventas ocultas, regularizando cuotas por un importe de 719 millones de euros.

Efecto inducido del control de alquileres

Paralelamente, la Agencia Tributaria cuenta ya con el resultado completo del análisis sobre el efecto inducido que ha supuesto el envío de avisos de datos fiscales a presuntos arrendadores durante las últimas campañas del Impuesto sobre la Renta. En tres años, estos avisos han generado un incremento de más de 122.000 declarantes (el 30% del incremento total de declarantes de rendimientos inmobiliarios desde 2014), con una mayor base imponible declarada de 1.346 millones de euros (que explicaría el 57% del aumento total de los rendimientos inmobiliarios del periodo).

Al mismo tiempo, se tramitaron el pasado año 351 expedientes (un 35% más) de prohibición de disponer de inmuebles de sociedades cuyas participaciones o acciones han sido mayoritariamente embargadas por pertenecer a un deudor, y se realizaron 905 requerimientos de información o embargo a autoridades extranjeras para el cobro de deudas, un 16,5% más que en 2017.

FUENTE: AEAT