Una comunidad de vecinos de Madrid gana el juicio a una empresa de amianto que paralizó una obra de forma unilateral y solicitaba el pago total

El juez ha descartado en sus conclusiones que la presencia de otros operarios ajenos a la actora en la nave justificara el incumplimiento de los plazos, ya que “nada impidió que decidiese ejecutar los trabajos”.

 

El Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Madrid ha dictado sentencia a favor de una comunidad de propietarios demandada por la empresa Amiantos del Sur (AMISUR), perteneciente al grupo “La Pole de Mantenimiento”. La compañía reclamaba más de 59.000 euros por una supuesta paralización injustificada de una obra. Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a la defensa de los vecinos, que alegaban que fue la empresa la que incumplió.

En concreto el letrado que defendía a la comunidad de bienes, basó la oposición en que la empresa generó un cambio unilateral de condiciones, y que al no ser aceptadas por la propiedad, AMISUR abandonó la obra unilateralmente, por lo que no tenía derecho a cobrar el presupuesto completo y sólo tenía derecho a 13.000€.

Pretendía cobrar partidas no ejecutadas

El conflicto tuvo su origen en la firma de un contrato de obra el 16 de marzo de 2022, posteriormente ampliado en julio del mismo año, para la retirada de fibrocemento con amianto y la colocación de paneles sándwich en la nave de la demandada.

La empresa contratada alegó que la contraparte incumplió el acuerdo al no garantizar las condiciones necesarias para la ejecución de los trabajos, lo que habría provocado retrasos y la imposibilidad de completar la obra en los plazos previstos. Por ese motivo, la empresa reclamó el pago íntegro de los trabajos presupuestados, las ampliaciones aceptadas y una indemnización por lucro cesante, además de los intereses legales y los costes mínimos de reclamación previstos en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

 

 

[Fuente «Infobae»]

 

El Notariado lanza el Portal de la Vivienda en el que figuran los precios reales del mercado, con acceso público y gratuito

¿Cuánto vale realmente un piso en Madrid o Barcelona? ¿Qué precio tiene la vivienda en mi barrio? ¿Qué esfuerzo debo hacer para comprarlo? Hasta ahora, la respuesta dependía de portales inmobiliarios que muestran precios de oferta, no los reales. A partir de hoy eso ha cambiado para siempre.

 

El Consejo General del Notariado ha presentado hoy el Portal de Vivienda del Notariad, una innovadora herramienta digital que ofrece información real, completa y actualizada sobre el mercado inmobiliario español. Con los precios reales.

El portal, (www.penotariado.com/inmobiliario/buscador-precio-vivienda), permite consultar el precio real de compraventa de viviendas en todo el país, con un nivel de detalle que llega hasta el Código Postal. Y dentro del Código Postal, en un radio de varias calles.

Permite visualizar, a través de un mapa de fácil navegación y muy visual para explorar y obtener los principales indicadores sobre la vivienda. Y conocer el precio medio por metro cuadrado en todo el país con una precisión sin precedentes. Además de conocer los colectivos que han comprado, si españoles o extranjeros.

En la Comunidad de Madrid el precio medio alcanza los 2.153 euros, lo que supone un incremento del 103% desde 2014. En Madrid capital, por ejemplo, el precio medio es mayor. Alcanza los 4.769 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento del 103% en los últimos once años. Pero si uno quiere saber a cuanto está el metro cuadrado en el distrito 28001, de Recoletos, el Portal de Vivienda te precisa: 11.142 euros el metros cuadrado.

En los primeros ocho meses de 2025 Madrid capital ha experimentado un aumento del 13% aunque hay zonas como Usera donde los precios se han triplicado desde 2014.

 

 

[Fuente «Confilegal.com»]

 

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Agosto 2025. (Datos provisionales)

El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de agosto fue de 155.256, lo que supuso un 2,6% menos que en el mismo mes de 2024. En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones fue de 91.157, con un descenso anual del 1,2%.

 

Compraventas registradas por naturaleza de la finca

El 88,9% de las compraventas registradas en agosto correspondieron a fincas urbanas y el 11,1% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 58,9% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas no varió en agosto en tasa anual, mientras que el de fincas urbanas disminuyó un 1,3%. Dentro de estas últimas, las compraventas de viviendas registraron un descenso anual del 3,4%.

Compraventas inscritas en los registros de la propiedad

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto eran libres y el 6,6% protegidas. En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa disminuyó un 2,6% y el de protegidas un 12,6%.

El 21,2% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto eran nuevas y el 78,8% usadas. El número de operaciones sobre viviendas nuevas aumentó un 2,9% respecto a agosto de 2024, mientras que el de usadas disminuyó un 4,9%.

Resultados por comunidades autónomas

Comunidad Foral de Navarra (14,6%), La Rioja (13,5%) y Castilla y León (7,3%) registraron en agosto las mayores tasas anuales de variación en el número total de fincas transmitidas.

Por su parte, Aragón (-15,0%), Principado de Asturias (-10,5%) y Extremadura (-9,4%) presentaron las tasas anuales más bajas.

Atendiendo a las compraventas de viviendas registradas, las comunidades autónomas que presentaron los mayores aumentos fueron La Rioja (33,7%), Castilla y León (11,3%) y Aragón (8,6%).

Por su parte, Principado de Asturias (-23,2%), Canarias (-15,2%) y Región de Murcia (-8,2%) registraron los mayores descensos.

 

 

[Fuente «Instituto Nacional de Estadística»]

 

 

 

Asesoría Jurídica Responde: «Cambio de uso de cuarto comunitario»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

Necesito saber si se podría cambiar unos cuartos comunes que existen en los trasteros para guardar bicis, por sala común para celebración de cumpleaños y reuniones.

¿Cuáles serían los porcentajes y lo que necesitamos?

 

RESPUESTA:

Es necesario con un previo proyecto bien definido confirmar que   el cambio de uso de los cuartos comunes en espacio para reuniones no implica una alteración del título constitutivo, (debe revisarle el título constitutivo y los Estatutos) y confirmar que el nuevo destino (sala común para reuniones y cumpleaños) siga siendo de uso común y no cause perjuicio grave a ningún propietario.

La comunidad puede modificar acuerdos previos sobre el uso de elementos comunes, adaptando el destino de los mismos a las necesidades actuales, siempre que se respeten los derechos de todos los propietarios y se sigan los procedimientos legales de convocatoria y votación.

El cambio de uso de un elemento común, cuando no implica su conversión en privativo ni afecta a la titularidad, puede ser acordado por mayoría simple o, en su caso, por mayoría cualificada, dependiendo de si se considera un nuevo servicio de interés general.

No se requiere unanimidad salvo que el cambio de uso suponga una alteración del título constitutivo, una desafección del elemento común o un perjuicio grave para algún propietario.

Debe revisarse el título constitutivo y los estatutos para descartar limitaciones expresas y asegurarse de que el acuerdo se adopte conforme a los procedimientos legales, minimizando así el riesgo de impugnación.

Podría ser recomendable recabar el mayor consenso posible y documentar adecuadamente la finalidad y el beneficio general del cambio de uso.

 

 

Madrid, al borde de una nueva crisis de vivienda: los fondos retiran del mercado miles de pisos de alquiler

La crisis del alquiler se agrava. Miles de viviendas se esfumarán del mercado en los próximos meses y pasarán al segmento de propiedad. Se trata de las carteras millonarias que han puesto a la venta grandes inversores como Blackstone, Cerberus o proyectos concretos como el de Hines en Madrid.

 

«Los precios a los que se comercializan estos portfolios solo tienen lógica para que los compre otro inversor que posteriormente los privatice», apunta un experto del sector a este medio. Privatizar en la jerga del sector significa que estas viviendas se irán vendiendo de forma unitaria a particulares, por lo que saldrán de forma definitiva del mercado del alquiler.

«Una vez venzan los contratos esos pisos se comercializarán uno a uno, ese es el negocio que ofrece una mayor rentabilidad ahora mismo», apunta otro directivo inmobiliario, que asegura que el contexto regulatorio que rodea al mercado del alquiler tampoco incentiva que los fondos sigan apostando por el alquiler tradicional en España.

Hasta ahora, la mayor destrucción del stock del alquiler se estaba dando en Cataluña, primera región donde se declaró zona tensionada y se aplicó la limitación de los precios dentro del paraguas de la Ley de Vivienda. Ahí, fondos como Patrizia, Blackstone o Azora están vendiendo directamente las viviendas a particulares.

Ahora, esta tendencia llega también a Madrid, el otro gran mercado con mayor tensión en precios por la elevada demanda frente a una oferta que difícilmente crece. Concretamente, hay procesos en marcha que suman alrededor de 9.000 unidades. Se trata de las carteras de Blackstone y Cerberus. El fondo estadounidense ha contratado a JLL y Eastdil para desinvertir una cartera de 5.200 unidades que se engloban dentro de la socimi Fidere y se encuentra repartidas entre Madrid y Guadalajara.

 

 

[Fuente «El Economista»]

 

 

 

El Supremo avala que las comunidades puedan prohibir los pisos turísticos

El Tribunal Supremo ha dictado la Sentencia 1205/2025, de 2 de septiembre, en la que confirma la validez de los acuerdos comunitarios que prohíben el uso turístico de viviendas cuando cuentan con el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios y cuotas.

 

El caso se originó en una comunidad de propietarios de Segovia, donde se impugnó un acuerdo de la junta que vetaba la actividad de apartamentos turísticos. Tras una primera sentencia favorable a los demandantes, la Audiencia Provincial revocó la resolución, y ahora el Tribunal Supremo ha ratificado este criterio, desestimando el recurso de casación interpuesto.

Interpretación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal

El Supremo recuerda su doctrina (sentencias 1232/2024 y 1233/2024) y aclara que el término “limitar” contenido en el artículo 17.12 de la LPH debe entenderse en sentido amplio, de forma que incluye la posibilidad de prohibir el uso turístico cuando así lo acuerde la comunidad con la citada mayoría cualificada.

Además, señala que esta interpretación ha sido asumida por el legislador en la reciente Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que modifica expresamente el artículo 17.12 para incluir los términos “aprobar, limitar, condicionar o prohibir”.

Consecuencias prácticas

La sentencia consolida la doctrina que permite a las comunidades de propietarios:

  • Prohibir la actividad de apartamentos turísticos con el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios y cuotas.
  • Acordar cuotas especiales o incrementos en los gastos comunes (hasta un 20%) para las viviendas destinadas a este uso.
  • Recordar que estos acuerdos no tienen efectos retroactivos, por lo que no afectan a actividades turísticas ya iniciadas antes de su aprobación.

En resumen

Esta resolución refuerza la capacidad de las comunidades de propietarios para regular y limitar el uso turístico de las viviendas, siempre con respeto a las mayorías exigidas por la Ley de Propiedad Horizontal y a la normativa turística vigente.

 

Ampliado el plazo para la sustitución de contadores de agua

El pasado 3 de octubre se publicó en el BOE la Orden ITU/1072/2025, de 26 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/155/2020, de 7 de febrero, que regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida -entre ellos, los contadores de agua-.

 

La nueva orden introduce una prórroga de dos años en el plazo establecido para la sustitución de contadores con más de 12 años de antigüedad, pasando de 5 a 7 años, por lo que los contadores antiguos deberán sustituirse antes del 1 de octubre de 2027.

No obstante, se recuerda que los nuevos contadores deberán permitir la lectura remota, conforme a lo exigido por la normativa vigente.

Principales puntos de la nueva Orden ITU/1072/2025:

  • Se amplía el plazo de sustitución de 5 a 7 años, contados desde el 24 de octubre de 2020.
  • Los contadores de agua con más de 12 años deberán sustituirse antes del 1 de octubre de 2027.
  • Se mantiene la obligatoriedad de lectura remota en los nuevos equipos instalados.

 

Puedes consultar el texto completo de la Orden, aquí:

 

Desde APETI, seguimos atentos a las novedades normativas que afectan a la actividad profesional de los expertos técnicos inmobiliarios y a la gestión de las comunidades de propietarios.

 

Asesoría Jurídica Responde: «Antena de telefonía en terraza comunitaria»

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

 

PREGUNTA:

En una comunidad que tiene el alquiler de una antena de telefonía en la terraza comunitaria, ha llegado el momento de la renovación y una vecina no quiere continuar con este contrato de alquiler.

  • ¿Qué porcentaje de votos se necesita para no renovar el contrato de alquiler de la antena?.
  • ¿El bajo de la comunidad participa también en el alquiler de la antena de telefonía?.

 

RESPUESTA:

Hay que leer el acuerdo adoptado en la Junta para su instalación y el contrato firmado para saber cómo se regula la autorización y posibles prórrogas.

En principio para la instalación de una antena repetidora de telefonía móvil en una comunidad de propietarios, generalmente se requiere una mayoría de 3/5 de los propietarios y 3/5 de las cuotas de participación para alquilar el elemento común.

Art. 17.3 LPH, párrafo 2

“Idéntico régimen se aplicará al arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico en el inmueble y el establecimiento o supresión de equipos o sistemas, no recogidos en el apartado 1, que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble. En éste último caso, los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a esta norma obligan a todos los propietarios”

Sin embargo, si la instalación afecta notablemente a estructura, configuración o estado exterior del edificio o cubierta, se requerirá unanimidad.

Además, es necesario solicitar un informe técnico independiente y obtener la licencia Municipal correspondiente.

En este caso habría que informarse cuál es el motivo por el que la vecina se opone para analizar si contractualmente se está obligada la comunidad a seguir manteniendo la prórroga del contrato (si así se pactó) o hace falta un nuevo acuerdo.

También se puede dar una circunstancia nueva que deba ser objeto de informe.

En relación al bajo de la comunidad también participa ya que es elemento común de toda la comunidad de la que forma parte, salvo que en los Estatutos se estableciera otra cosa.

 

Sancionada una comunidad de propietarios porque la página web que usa la administración de fincas para subir datos personales de los vecinos carece de seguridad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa administrativa de 1.000 euros a una comunidad de propietarios por no asegurar la seguridad en el tratamiento de datos personales de los comuneros.

 

Pues, la página web que usa la administración de fincas, y donde se recogen todas las comunicaciones que la comunidad de propietarios debe realizar a los propietarios, no es un sitio web seguro ni dispone de certificado SSL. Además, a ello se suma una incorrecta política de contraseñas y credenciales a un espacio en el que se contienen datos personales, ya que todos los vecinos utilizan el mismo usuario y contraseña.

Todos los vecinos accedían con el mismo usuario y contraseña a un espacio que contenía datos personales

La resolución de la AEPD (disponible en el botón ‘descargar resolución’) llega a raíz de que se interpusiera una reclamación ante dicho organismo por una posible infracción imputable a una comunidad de propietarios.

En dicha reclamación se ponía en conocimiento de la Agencia que la administración de fincas incluye actas vecinales que se reparten en los buzones de los residentes (sean propietarios o inquilinos), la web, usuario y contraseña para el acceso al portal web de la comunidad de vecinos.

Asimismo, la parte reclamante manifestaba que en dicho portal web figuran datos de carácter personal de los propietarios: nombre, apellidos, portal de residencia, impagos, cuentas bancarias y otros datos sensibles; y que había colgados documentos con datos personales de los comuneros y de la comunidad de propietarios, sin que dicha web dispusiera de certificado SSL.

Por otra parte, la reclamante señalaba que el usuario y contraseña de la web no disponía de la seguridad adecuada porque el mismo usuario y contraseña era compartida por todos los vecinos (era la misma para todos), pudiendo ser la contraseña modificada por un solo vecino, privando de acceso al resto.

 

 

[Fuente «Economist & Jurist»]

 

 

Sumar propone un real decreto con medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda

Sumar ha diseñado un real decreto que ahora tendrá que negociar con el PSOE con una serie de medidas urgentes para intervenir un mercado de la vivienda que se ha convertido en uno de los grandes problemas de la legislatura por sus precios disparados. El socio minoritario de la coalición ha presentado las medidas con toda solemnidad en el Ministerio de Trabajo en un acto al que han asistido todos sus ministros, salvo Sira Rego, de viaje oficial en Jordania.

 

La norma abarca desde la congelación de los contratos de alquiler, dando más protección a las personas inquilinas, un nuevo régimen sancionador para los alquileres de temporada, de habitaciones y turísticos; y reformas fiscales para frenar la compra especulativa.

“Queremos que la propuesta llegue al Consejo de Ministros y se apruebe. El Gobierno tiene que ser valiente, es una propuesta seria para poner límites a los abusos… O vamos por el lado de los derechos o por el del rentismo. ¡Una casa no puede ser un privilegio!”, ha afirmado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, tiene previsto comparecer este martes tras el Consejo de Ministros para explicar una serie de medidas que se aprobarán de su ministerio y el miércoles desglosará en el Congreso el Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030.

Sumar insta a la congelación y prórroga de los contratos de alquiler para la “protección inmediata” de inquilinos y para ello quiere que se posponga el vencimiento de todos los contratos, añadiendo tres años adicionales, incluidos los contratos vigentes. En zonas tensionadas, la prórroga se amplía dos años más sobre la actual, alcanzando un mínimo de 10 años. También defiende la aplicación de la regulación de rentas con carácter general, inmediato y transitorio hasta que se declaren zonas tensionadas, algo que están impidiendo la mayoría de comunidades gobernadas por el PP, que se niega a aplicar la Ley de Vivienda. Según la propuesta de Sumar, los nuevos contratos o renovaciones deberían fijarse al mismo precio que el anterior. La riqueza de los hogares jóvenes se ha hundido un 75% en 20 años por la crisis de la vivienda. La imposibilidad de tener piso propio es la principal causa del empobrecimiento de las familias menores de 35 años.

 

 

[Fuente «El País»]