Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

PREGUNTA:

Nos encontramos con un problema en una comunidad que tenemos que rehabilitar el patio interior, y para acceder al mismo es necesario la entrada desde los locales de la comunidad. A la hora de iniciar las obras ninguno de los dos locales nos permite el acceso, por más que se ha insistido en la necesidad y urgencia de acometer las reparaciones.

¿Por favor, me pueden indicar la forma a proceder para remitirles un burofax?

RESPUESTA:

En primer lugar hay que revisar  el Título constitutivo y los Estatutos para hacer referencia al uso asignado a ese patio interior y confirmar cómo se encuentra regulado.

En todo caso, todos los propietarios tienen la obligación de facilitar el acceso a través de su local o vivienda para la realización de las obras de reparación, mantenimiento y conservación de elementos comunes en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal en su art.9.1 c)

Artículo 9. [Obligaciones de los propietarios y consideración de gastos generales] 

1. Son obligaciones de cada propietario:
2. c) Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.

Por lo tanto, debe realizarse una comunicación fehaciente comunicándole las reparaciones a realizar en el patio interior, indicándoles el comienzo de las obras y horario, debiendo facilitar los accesos a ese patio interior. Asimismo, se explicarán las medidas que se adoptan para evitar molestias innecesarias.

El relación a los contenidos del burofax se debe firmar por el Administrador indicándoles todos esos aspectos y recordándole que tiene la obligación de facilitar ese acceso ya que en caso contrario se producirán daños y perjuicios a la Comunidad que puede reclamar en Tribunales que se facilite el acceso y los daños y perjuicios que se le produzcan como consecuencia de su incumplimiento.

Reproducimos en este post, una de las consultas jurídicas de nuestros asociados, resuelta esta semana por el servicio jurídico de APETI.

PREGUNTA:

En el Garaje de una comunidad de propietarios, hemos identificado que un vehículo estacionado utiliza uno de los enchufes que se encuentran en la zona comunitaria, hemos intentado contactar con el titular de la plaza del garaje siendo el mismo que el del vehículo, y se niega a retirar la instalación realizada de los cables para conectarse a la electricidad comunitaria (lo realizó de forma particular y su uso es privativo)

Por otra parte, hemos informado al presidente y se niega a alertar al propietario de cesar en el uso de la electricidad comunitario, de forma privativa.

No solo nos preocupa el uso que se le está dando, sino además, de los posibles riesgos tales como un incendio por ser una zona de peligro al desconocer el voltaje de la batería que está recargando y del continuo uso sin cese de dicha acción

¿Cómo nos recomiendan actuar?

RESPUESTA:

En primer lugar es obligación del Presidente defender los intereses de la Comunidad de Propietarios, la cual representa  (art. 13.3. LPH: 3. El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten) y debe requerir al propietario que ha realizado la conexión no autorizada, que la desinstale art. 7.2 de la LPH:

2. Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiera en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local). 

Si el Presidente no quiere cumplir con sus obligaciones:

Los propietarios deben pedir la convocatoria de junta extraordinaria (con  un número de éstos que representen al menos el 25 por 100 de las cuotas de participación) y pedir como punto del orden del día tratar de ese asunto y las medidas a adoptar.

En relación a los hechos se debe dejarse constancia formalmente de la situación de esa instalación.

Para ello debe pedirse un informe de un electricista con fotografías de dicha instalación  con fotografías (para dejar constancia de esa realidad).

Si existe una Póliza de Seguro de la Comunidad informar de dicha circunstancia al seguro para que intervenga y haga a la comunidad las advertencias pertinentes (por si hubiera alguna incidencia).